En un desayuno privado con empresarios en Monterrey, un magistrado federal en funciones, un socio de uno de los despachos más reconocidos en litigio constitucional y una especialista en amparo coincidieron en un diagnóstico que debería estar en la agenda de cualquier consejo de administración: el escudo jurídico que protegía a los particulares frente a los abusos del Estado se ha debilitado significativamente.
No es retórica alarmista. Es análisis técnico de quienes operan el sistema desde ambos lados del escritorio.
El nuevo poder de la UIF: congelar primero, investigar después.
El cambio más relevante para el sector empresarial es la nueva restricción a la suspensión provisional en casos de aseguramiento de cuentas bancarias. Antes de la reforma, si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o Hacienda ordenaban congelar tus cuentas, podías obtener en días una suspensión que te permitía seguir operando mientras se resolvía el fondo del asunto.
Ahora esa puerta se cerró. La reforma prohíbe otorgar suspensión provisional en estos casos. Solo puedes solicitar la definitiva, que requiere una audiencia donde la autoridad presenta su posición. El problema: mientras ese proceso avanza —semanas o meses—, tu empresa no puede pagar nómina, proveedores ni rentas.
"Me entero de que está bloqueada mi cuenta bancaria sin haber sido notificado de ningún acto", explicó el magistrado Araiza. "Para cuando termine el juicio y me digan que tengo toda la razón, ¿quién me va a reconectar mi negocio?"
La reforma sí permite solicitar liberación parcial de recursos para obligaciones específicas, pero invierte la carga probatoria: tú debes documentar cada necesidad y demostrar que el dinero no proviene de fuentes ilícitas. La presunción de inocencia, en la práctica, desaparece.
El efecto dominó: cuando tu proveedor se vuelve tu problema
La UIF tiene capacidad de rastrear cadenas de relaciones empresariales. Si una persona bajo investigación aparece vinculada a tu empresa —como socio, representante, apoderado o incluso proveedor frecuente—, ese nexo puede ser suficiente para incluirte en la investigación.
Esto genera una externalidad negativa que el marco jurídico anterior no contemplaba: ahora cada empresa debe evaluar no solo sus propios riesgos de cumplimiento, sino los de toda su cadena de valor.
Un proveedor con problemas fiscales o un cliente cuestionado puede contaminar tu operación.
La recomendación de los expertos fue directa: implementar políticas de prevención de lavado de dinero aunque no exista obligación legal, solicitar a contrapartes sus propias políticas de cumplimiento, e incluir cláusulas de declaración sobre origen lícito de recursos en contratos comerciales.
"No vamos a poder llegar hasta el final de la cadena", reconoció Luis Manuel Rodríguez, socio de Ledesma y Rodríguez Abogados. "Pero sí hay mecanismos de prevención y protección que crean un escudo probatorio".
Lo que aún funciona: interpretación conforme e impugnación del proceso
El diagnóstico no es de muerte. Los tres expertos coincidieron en que el amparo sigue siendo viable, pero requiere mayor sofisticación en su ejercicio.
La herramienta clave se llama interpretación conforme: los jueces no pueden declarar inconstitucional una ley, pero sí pueden aplicarla de manera que respete derechos fundamentales. Si un congelamiento de cuentas viola la presunción de inocencia —principio constitucional y de tratados internacionales que México ha firmado—, el juez puede inaplicar la restricción para ese caso específico.
Existe también la posibilidad de impugnar el proceso legislativo. Si la reforma se aprobó con vicios de procedimiento —falta de quórum, irregularidades documentadas—, ese argumento puede integrarse a la estrategia de defensa.
Y hay un recurso poco explotado en México: la Ley General de Víctimas permite reclamar reparación de daños cuando el Estado viola derechos humanos, incluyendo el derecho a la no repetición de conductas arbitrarias.
El factor 2027: jueces electos y argumentos a prueba de inexperiencia
La reforma a la Ley de Amparo no opera en aislamiento. Es parte de la transformación del Poder Judicial que incluirá, a partir de 2027, jueces electos por voto popular. Esto significa que los casos empresariales serán resueltos, en muchos casos, por personas sin trayectoria en carrera judicial.
La implicación práctica es clara: la calidad de las demandas y la contundencia de las pruebas tendrán que compensar la posible falta de experiencia del juzgador. Los argumentos deben ser tan sólidos y las evidencias tan claras que resulte difícil ignorarlas, independientemente de quién resuelva.
"La pelota está en su cancha", concluyó el magistrado Araiza. "Tenemos que darle herramientas al juzgador, porque si nosotros no damos los elementos suficientes, no podemos exigirle que nos proteja".
Agenda mínima de protección
Del análisis de los expertos se desprenden cinco acciones que deberían estar en la agenda de cualquier empresa con operaciones en México.
- Primera: implementar políticas de prevención de lavado de dinero y documentar la materialidad de todas las operaciones, independientemente de si existe obligación regulatoria.
- Segunda: revisar la estructura corporativa y evaluar el perfil de riesgo de socios, representantes legales y apoderados.
- Tercera: incluir cláusulas de cumplimiento y declaración de origen lícito en contratos con proveedores y clientes relevantes.
- Cuarta: reunirse con el abogado litigante de la empresa —no solo el corporativo— para definir qué acervo probatorio necesitaría para una defensa efectiva, y empezar a construirlo.
- Quinta: no asumir que esto no puede pasarte. La reforma otorga a las autoridades herramientas amplias con supervisión judicial reducida. La mejor defensa es la preparación anticipada.
El juicio de amparo nació en México en 1857 como escudo del ciudadano frente al poder del Estado.
Casi 170 años después, ese escudo sigue ahí, pero ahora pesa más y hay que saber usarlo.
